El Consejo de la UE prohíbe la comercialización de productos de la pesca provenientes de países responsables de pesca ilegal
Belice, Camboya y Guinea,
países afectados por esta decisión
Cuatro importantes
organizaciones medioambientales –Environmental Justice Foundation (EJF),
Oceana, The Pew Charitable Trusts y WWF– han aplaudido la decisión adoptada hoy
por el Consejo de Ministros de Pesca de aplicar restricciones comerciales a
Belice, Camboya y Guinea por no cooperar en la lucha contra la Pesca Ilegal, No
Declarada y No Reglamentada (INDNR). La decisión supone que los Estados
Miembros deben prohibir las importaciones de pescado de Belice, Camboya y
Guinea y asegurar que los buques pesqueros comunitarios no operen en aguas de
estos países.
Las ONG aplauden la
prohibición aprobada por los ministros de pesca de los Veintiocho y el
liderazgo mostrado por la comisaria de Asuntos Marítimos y Pesca, Maria
Damanaki, pero piden mayor transparencia en el modo en que la UE evalúa los
esfuerzos de terceros países para combatir la pesca ilegal. Asimismo, animan a
la UE a acabar con el vacío legal que permite a países no comunitarios pescar
en aguas de los países excluidos y exportar sus capturas a la UE, y a que
trabaje con los Estados Miembros en redoblar los esfuerzos para que el pescado
capturado ilegalmente no llegue al plato del consumidor europeo.
Los tres países objeto de
la prohibición se encontraban inicialmente entre ocho identificados por la Comisión
Europea en noviembre de 2012 por monitorizar inadecuadamente sus flotas
pesqueras, descuidar la imposición de sanciones a operadores ilegales y no
promulgar leyes pesqueras estrictas. En 2013, la Comisión anunció que Fiyi,
Panamá, Sri Lanka, Togo y Vanuatu habían mejorado, pero Belice, Camboya y
Guinea no. La decisión de hoy del Consejo ratifica la recomendación de la
Comisión de añadir formalmente a la lista negra o mostrar “tarjeta roja” a
estos países e impide que comercialicen pescado en la UE.
La pesca INDNR agota los
stocks pesqueros, daña los ecosistemas marinos, ejerce competencia desleal
sobre los pescadores legales y pone en peligro el sustento de algunas de las
sociedades más vulnerables del mundo. Se estima que cuesta entre 7.000 y 17.000
millones de euros al año y representa entre 11 y 26 millones de toneladas de
capturas[1].
El Reglamento INDNR de la UE pretende excluir del mercado el pescado ilegal al
exigir “certificados de captura” en las importaciones a la UE y prohibir la
entrada de pescado de países y buques involucrados en pesca ilegal.
La Comisión Europea
expidió una segunda tanda de “tarjetas amarillas” en noviembre de 2013,
advirtiendo a Curasao, Ghana y Corea del Sur de que podrían enfrentarse a las
mismas medidas comerciales si no cooperaban en la lucha contra la pesca INDNR.
Está ampliamente documentada la presencia de buques surcoreanos pescando
ilegalmente en África Occidental, afectando significativamente a las
localidades pesqueras y el medio marino. EJF, Oceana, Pew y WWF instan a la UE
a continuar mostrando la misma determinación con otros países que incumplen
repetidamente las normas.
Declaraciones de Steve
Trent, director ejecutivo de Environmental Justice Foundation:
“Cerrar el mercado de
pescado más valioso del mundo a los países que no cooperan en la lucha contra
la pesca ilegal es un paso crucial, y aplaudimos a la UE por esta decisión. Si
bien no es perfecto, el Reglamento INDNR de la UE es claramente la legislación
más avanzada del mundo en este campo y ya hay señales de que las localidades
costeras de África Occidental están viendo los beneficios de la acción de la UE
contra los buques y Estados de abanderamiento infractores”.
Declaraciones de María
José Cornax, responsable de pesca de Oceana en Europa:
“Los esfuerzos de la UE
para hacer frente a la pesca INDNR a escala mundial se han materializado hoy en
esta medida sin precedentes. Esperamos que los países pesqueros de todo el
mundo vean la iniciativa adoptada por la UE y sigan el camino abierto hoy hacia
la eliminación definitiva de la pesca INDNR”.
Declaraciones de Tony
Long, director del proyecto ‘Ending Illegal Fishing’ de The Pew Charitable
Trusts:
“Al adoptar
esta lista roja de países infractores, el Consejo ha marcado un hito en la
lucha contra la pesca ilegal. Esto demuestra que la Unión Europea se toma en
serio hacer frente a los países que no detienen la pesca ilegal o que siguen
comercializando pescado capturado ilegalmente”.
Declaraciones de Eszter Hidas, EU Policy Lead del proyecto
‘Transparent Seas’ de WWF:
“WWF apoya
los esfuerzos de la UE para imponer sanciones donde sea necesario y asegurar
así que ni los ecosistemas marinos ni el sustento de las personas resultan
dañados por prácticas pesqueras ilegales e irresponsables. Debe haber
consecuencias cuando se persiste en la inacción a pesar de los repetidos
avisos. Ahora esperamos que Belice, Camboya y Guinea emprendan acciones
inmediatas para aplicar reglamentos pesqueros efectivos”.
NOTAS AL EDITOR
La última decisión de los
ministros de pesca europeos se adoptó en función de las prerrogativas del Reglamento del Consejo 1005/2008
(el “Reglamento INDNR de la UE”), que entró en vigor en 2010. El reglamento
permite que la UE enseñe primero la “tarjeta amarilla” a los países terceros no
cooperantes a modo de advertencia y finalmente venga la “tarjeta roja” y la
imposición de una serie de restricciones comerciales si no se demuestra
cooperación y compromiso de aplicar medidas clave para combatir la pesca INDNR,
como son el fortalecimiento de la monitorización de sus buques y de los
sistemas punitivos.
Belice, Camboya, Fiyi,
Guinea, Panamá, Sri Lanka, Togo y Vanuatu fueron advertidos oficialmente de su
posible declaración como países terceros no cooperantes mediante la Decisión de la Comisión publicada el 15 de
noviembre de 2012. Los criterios empleados por la
Comisión Europea para declarar países no cooperantes están fijados por el
Artículo 31 del Reglamento INDNR de la UE. La Comisión Europea emprendió
conversaciones con los países afectados y les dio tiempo para remediar la situación.
Se juzgó que Fiyi, Panamá, Sri Lanka, Togo y Vanuatu habían adoptado medidas
suficientes para resolver sus fallos, mientras que la Decisión de la Comisión publicada el 26 de
noviembre de 2013 identificó a Belice, Camboya y
Guinea como países terceros no cooperantes. La votación del Consejo de
Agricultura y Pesca de la UE del 24 de marzo confirma esta decisión.
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